El eurodiputado radical italiano, Maurizio Turco, buen conocedor de las finanzas vaticanas, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que exige a la Comisión Europea que explique por qué se permite al Gobierno español que otorgue un trato de favor fiscal y discriminatorio a la Iglesia católica. Turco explica en su pregunta que España está violando en favor de la Iglesia católica, al menos desde 1996, la directiva europea sobre armonización fiscal en materia de IVA. "En virtud del Acuerdo sobre Asuntos Económicos (AAE) entre la Santa Sede y el Reino de España previo al ingreso de España en la entonces Comunidad Europea, en 1986, la Iglesia católica es la única confesión religiosa que goza en de una importante financiación pública", dice Turco. "En el Presupuesto General del Estado Español de 2001 la cantidad asciende a 133,3 millones de euros, además de ingentes beneficios fiscales provenientes de la exención del IVA, lo que constituye una verdadera discriminación frente a las otras confesiones religiosas", añade. Contra la norma de la UE El eurodiputado Turco explica que tales beneficios fiscales son contrarios a la mencionada directiva y que ésta debería haberse traspuesto a la legislación nacional en 1996, es decir, diez años después de la entrada de España en la Unión Europea. Ya en 1989, la Comisión Europea dirigió un escrito de queja al Reino de España sobre este asunto. Entonces el Gobierno español alegó que el acuerdo suscrito con la Santa Sede, que consagra esa situación beneficiosa, era previo a la adhesión a la Unión Europea (UE). Ahora, transcurridos más de diez años de aquella queja, y dado que el tratado firmado entre la UE y España obliga a eliminar las incompatibilidades existentes con el derecho comunitario, el eurodiputado Maurizio Turco cree llegado el momento de terminar con una situación que tanto discrimina, además, al resto de las religiones.