Bruselas concede dos meses de plazo al Gobierno para que rectifique

La Comisión Europea exigió ayer a España la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a la Iglesia católica. En un dictamen motivado, el Ejecutivo comunitario amenaza a España con recurrir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si en el plazo de dos meses el Gobierno español no pone fin a la exención de la que se beneficia la institución religiosa. La de ayer es la segunda llamada de atención a España sobre este tema.
Bruselas asegura, sin embargo, que si España desea seguir beneficiando a la Iglesia católica, podrá hacerlo, pero entonces el Estado deberá rembolsar a la institución religiosa el dinero que ésta pague en concepto de gastos fiscales. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que su Gobierno leerá la resolución europea con detenimiento para tomar "una decisión pertinente", y recordó que está pendiente la negociación del nuevo sistema de financiación de la Iglesia.
La Comisión Europea establece que para que España cumpla con el derecho comunitario, debe adaptar "ciertos compromisos fiscales que contrajo", en referencia al Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado español y la Santa Sede que exime del IVA a las adquisiciones a título gratuito u oneroso de objetos, bienes o derechos destinados al culto.
El acuerdo incumple, según la Comisión, la llamada sexta directiva del IVA, que no permite esas excepciones a la regla general. La idea es que en Europa todos los países funcionen con el mismo IVA para fomentar la circulación de bienes y servicios en las fronteras de la Unión.
La de ayer es la segunda y última llamada de atención a España para que ponga fin a las prerrogativas fiscales de la Iglesia católica. Si en el plazo de dos meses el Gobierno español no ha dado una respuesta satisfactoria, la Comisión elevará el asunto al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La Corte europea podría tardar al menos un año en dictar una sentencia que, de ser condenatoria, obligaría a España a adecuar sus normas a las leyes de la Unión Europea.
Si España no acata la sentencia, Bruselas podría abrir un nuevo expediente por incumplimiento de sentencia, que podría desembocar en sanciones económicas.
En su defensa, España argumenta que el acuerdo de 1979 firmado con la Santa Sede es internacional y anterior a la entrada en la UE, en 1986, y por lo tanto no estaría sujeto a la directiva 77/388/CEE.
La Comisión señala que el acuerdo con la institución religiosa contiene cláusulas que permitirán a España solicitar un ajuste de sus obligaciones para adaptarlas al derecho comunitario.
En primer lugar, el acuerdo establece que España no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado con la Iglesia.
En segundo lugar, prevé que dichas obligaciones se ajustarán en caso de que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico español, cosa que sucedió con la entrada de España en la UE en 1986.Bruselas recuerda que la legislación europea establece que España está obligada a "recurrir a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado", y que, por lo tanto, las excepciones no son válidas.
El Ejecutivo comunitario insiste en que cumplir la legislación comunitaria no significa que España no pueda seguir privilegiando a la Iglesia si así lo decide. "España puede devolverle a la Iglesia católica el dinero que ésta tenga que pagar en concepto de IVA", aseguró ayer la portavoz europea de Fiscalidad, Maria Assimakopoulau. "Es muy raro que España no haya cumplido tras el primer aviso. A Portugal le pasó lo mismo y, sin embargo, modificaron su ley a la primera", añadió Assimakopoulau.
El Gobierno socialista ha defendido durante el proceso abierto en la Unión Europea la exención fiscal a la Iglesia y ha confiado en que la queja planteada por el eurodiputado radical Mauricio Turco, motivo del actual requerimiento, acabase siendo archivada.
La vicepresidenta De la Vega recordó ayer que la prórroga del sistema de financiación actual para la Iglesia católica en España, reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para 2006, cuenta con el compromiso de la Conferencia Episcopal y del Gobierno de "renegociar el sistema de financiación el próximo año".